Lo que no nos han contado sobre los motivos del cierre de X, en Brasil
Con videos realizados in situ, en São Paulo. In Brasil
En este Substack os traigo información obtenida in situ, sobre el cierre de X en todo Brasil, a partir mi estancia en Sâo Paulo, con motivo del III Congreso Mundial de Médicos por la Vida. Incluyo algunos vídeos grabados expresamente en Brasil sobre este asunto.
Lo que se nos presenta, envuelto en el manto de la legalidad, no es más que la perversa instrumentalización de las instituciones, convertidas en meros brazos ejecutores de una voluntad que no responde al bien común, sino a la perpetuación de un control despótico.
La decisión de X (antes Twitter) de cerrar sus operaciones en Brasil ha dejado perplejos a muchos y plantea una serie de interrogantes sobre las verdaderas razones de este violento desenlace. Mientras algunos creen que el cierre se debió a un simple enfrentamiento con las autoridades brasileñas, la realidad es mucho más compleja y profundamente preocupante. Para comprenderla plenamente, es necesario abordar los acontecimientos que condujeron a ella, el papel decisivo desempeñado por una figura clave como el juez Alexandre de Moraes, y las implicaciones más amplias de este caso para la libertad de expresión y el Estado de Derecho en Brasil.
Cómo se inció:
La semilla de la discordia comenzó con una serie de artículos de Allan Lopes dos Santos, periodista brasileño exiliado ahora en Estados Unidos, y Marcos Ribeiro do Val, senador electo. Ambos se convirtieron en los principales críticos del gobierno y de las acciones judiciales en Brasil, especialmente las llevadas a cabo por el juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF). En octubre de 2021, De Moraes, el juez implicado en el caso, dictó una orden de prisión preventiva para Santos e instruyó al Ministerio de Justicia para que iniciara inmediatamente el proceso de extradición, buscando su regreso de Estados Unidos a Brasil.
El periodista Allan Lopes dos Santos utilizó sus plataformas digitales para iniciar un proyecto que pretendía exponer en un reportaje lo que consideraba excesos y abusos cometidos por la Policía Federal, actuando bajo las órdenes del juez Moraes. Entre las acusaciones, Allan sostenía que la actuación de la Policía Federal no sólo era ilegal, sino que violaba gravemente los derechos humanos. Este proyecto fue apoyado por diversas personalidades, entre ellas el senador do Val, que no dudó en denunciar públicamente a F. A. S., delegado de la Policía Federal, acusándolo de ser el «capataz» de Moraes y de cumplir órdenes ilegales que se tradujeron en graves violaciones de los derechos fundamentales.
Las acusaciones de Allan y do Val no eran meras acusaciones en el aire. Se basaban en casos concretos y pruebas que sugerían un preocupante uso de la maquinaria estatal para reprimir a los opositores y acallar las voces discrepantes. El senador do Val, por ejemplo, alegó que el delegado S. había dirigido operaciones en las que se allanaron ilegalmente residencias, se intimidó a familias y se confiscaron bienes con pretextos injustificados. Para do Val, estos hechos no sólo constituían una afrenta a la legalidad, sino que evidenciaban un patrón de abuso de poder orquestado desde las más altas instancias del poder judicial.
La reacción de Alexandre de Moraes al anuncio de que el periodista X quería publicar su reportaje en Twitter no quedó sin respuesta. El 8 de agosto de 2024, en un acto de represalia, el juez Alexandre de Moraes, sin el debido proceso, emitió una orden judicial ordenando a X que bloqueara en secreto, (bajo el pretexto de vulnerar las normas de la comunidad), una serie de cuentas en la plataforma en el plazo de dos horas.
X debe bloquear en secreto, en el plazo de dos horas, las siguientes cuentas (incluida la de un senador brasileño en ejercicio) en su totalidad, sin ninguna referencia a una sola publicación ilegal de cualquiera de las cuentas:
· @marcosdoval - (actual senador brasileño)
· @mveustaquio - (esposa e hija de 16 años del periodista)
· @PrJosias Pereir3 - (pastor)
· @DraPaola - (esposa del exdiputado brasileño)
· @EdRaposo_ - (personalidad de Internet)
· @Claudio061973
· @xfischer
Entre esos relatos, como puede verse, estaban los de personas directamente vinculadas a las denuncias, entre ellos el del senador do Val, incluso el de la hija del periodista Allan dos Santos, y otras figuras críticas con el gobierno. El caso de Allan Lopes dos Santos es reflejo de una realidad más amplia, en la que el Estado se erige en árbitro supremo de la verdad, despojando a los ciudadanos de su derecho a cuestionar, investigar, oponerse o informar sobre hechos que consideran delictivos. Pero el proceso consistió en tacharlas de fake news, y saltarse así el debido proceso. Lo que está claro es que nos enfrentamos a un momento crucial en la historia de nuestra civilización. La tecnología, que prometía ser un medio de emancipación y empoderamiento individual, se ha convertido en un instrumento de opresión y control. La privacidad, ese derecho fundamental que define nuestra humanidad, se sacrifica en aras de una presunta seguridad, pero que no protege a los ciudadanos, sino al statu quo. La lucha de Allan Lopes dos Santos, y de tantos otros como él, es la lucha por recuperar la dignidad.
Este mismo Estado, que se precia de defender la libertad y la democracia, no duda en recurrir a la censura más descarada cuando se cuestiona su propia legitimidad. Nos encontramos así ante una dolorosa paradoja: ¿los guardianes de la ley se convierten en sus primeros transgresores, utilizando la maquinaria legal para sofocar la disidencia y consolidar su dominación? La apelación a la seguridad nacional y a la lucha contra el crimen organizado se convierte en un tupido velo, un recurso retórico destinado a justificar el avance de un régimen de vigilancia y represión que encuentra su razón de ser en el miedo y la obediencia ciega.
No es casualidad que la narrativa oficial se esfuerce tanto en desacreditar a quienes se atreven a desafiarla. Se les presenta como criminales, como amenazas a la paz y el orden, cuando en realidad son voces que piden una verdadera rendición de cuentas. En un mundo donde el poder se concentra en manos cada vez más pequeñas, donde la información se controla con un celo casi religioso, la disidencia no sólo es necesaria, sino vital. Es la chispa que mantiene vivo el espíritu crítico, la llama que nos recuerda que, por mucho que intenten dominarnos, siempre habrá quien se resista.
Lo más preocupante de esta orden no ha sido sólo su rapidez y secretismo, sino la falta de concreción sobre los contenidos supuestamente ilegales que justificaban tal bloqueo de las cuentas de X.
La Constitución Federal brasileña es clara en sus artículos 5 y 220: la libertad de expresión es un derecho inviolable y está prohibida cualquier forma de censura, especialmente la de carácter político. La Ley de Internet de Brasil (Ley 12.965/2014), en su artículo 19, también establece que cualquier orden de retirada de contenido debe identificar clara y específicamente el material ilícito. En este caso, sin embargo, la orden de Moraes no cumplió estos requisitos fundamentales, lo que la sitúa en una posición de muy dudosa legalidad, o ilegalidad evidente.
Este acto arbitrario fue solo el punto culminante de una serie de eventos en los que el poder judicial, en lugar de actuar como un amparo de la justicia, se convierte en un instrumento de represión. La jurisprudencia del STF es contundente al respecto: “nadie está obligado a cumplir una orden ilegal, ni a someterse a ella, aunque provenga de una autoridad judicial”. Este principio fue reafirmado en casos como el Habeas Corpus 73.454 (relator ministro Maurício Corrêa, 22/04/1996, DJ de 7/06/1996) y el Habeas Corpus 98.237 (relator ministro Celso de Mello, 15/12/2009, DJE de 6/08/2010). Sin embargo, en lugar de garantizar que sus órdenes se ajustaran a la legalidad, el juez Moraes ha optado por ignorar estos precedentes, y ha sumido al país en una crisis de confianza en sus instituciones.
Tras la orden de Moraes, que amenazó a los representantes de X en Brasil con la cárcel si no cumplían la orden de cerrar las cuentas de los opositores que había señalado, Elon Musk optó por llevarse a los trabajadores de X en Brasil a Estados Unidos para evitarles la cárcel. El juez Moraes optó por prohibir la red X en todo Brasil e imponer multas de unos 8.500 euros a quienes intenten acceder a X a través de VPN. Moraes ha justificado su decisión en el hecho de que X no tenía representante legal en Brasil.
La narrativa oficial, según la cual Moraes actuó dentro del marco legal al exigir a X que nombrara un representante legal en Brasil, también se desmorona cuando se analizan los detalles técnicos y la aplicación artificial de la ley en este caso. La estrategia legal de Moraes puede ser una interpretación forzada la ley brasileña, específicamente el Marco Civil de Internet (Ley N º 12.965 de 2014), establece que los proveedores de servicios de Internet (ISP) deben tener un representante legal en el país. Este requisito se aplica a las entidades que proporcionan acceso a Internet, como los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de ADSL, que son responsables de conectar a los usuarios a la red global. Sin embargo, X no es un proveedor de servicios de Internet en el sentido estricto de la ley; es una red social que opera sobre la infraestructura de Internet, ofreciendo a los usuarios una plataforma para interactuar, compartir contenidos y comunicarse entre sí.
La Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño establece que ningún acto puede exceder los límites impuestos por la buena fe, los usos y costumbres, y la equidad. La medida es un despropósito que evidencia una voluntad de castigar a Musk más allá de cualquier marco jurídico aceptable.
Como he dicho La jurisprudencia brasileña es clara al afirmar que "nadie está obligado a cumplir una orden ilegal, ni a someterse a ella, aunque provenga de una autoridad judicial" (HC 73.454, rel. min. Maurício Corrêa, j. 22-4-1996, 2ª T, DJ de 7-6-1996). Además, en casos donde la ley ha sido claramente interpretada de manera forzada o aplicada desproporcionadamente, es deber de la ciudadanía y de las empresas afectadas resistir estas órdenes, para no permitir la erosión de las garantías fundamentales que sustentan el Estado de Derecho.
En el video: Paulo Cogos financiero y activista en Sâo Paulo, sobre el cierre de X
El intento de Moraes de obligar a X a cumplir unas normas diseñadas para otro tipo de entidad, y el consiguiente bloqueo de activos no relacionados, de la empresa Starlink, no sería en muchos estados, más que un abuso de derecho o un fraude legal en estado puro. Utilizar la ley de forma tan distorsionada revela una estrategia de intimidación y coacción que no tiene cabida en un sistema legal que pretende ser justo y equitativo.
X se ha enfrentado a una difícil decisión; cumplir una orden judicial que contraviene la Constitución brasileña al ejercer la censura previa sobre millones de usuarios inocentes que utilizan la red legítimamente, pero también contraviene principios internacionales de derechos humanos que sientan un peligroso precedente, al intentar socavar la credibilidad de la plataforma X como espacio de libre expresión. Elon Musk, conocido desde que compró la red por la defensa que hace X de la libertad de expresión, decidió que la única respuesta ética posible era cerrar las operaciones de X en Brasil.
Este cierre, anunciado el 17 de agosto de 2024, fue una medida drástica pero necesaria. En su comunicado, X afirmó que la responsabilidad de esta decisión recaía enteramente en Alexandre de Moraes, cuyas acciones calificó de incompatibles con los principios democráticos. La plataforma afirmó que, aunque estaba dispuesta a cooperar con las autoridades en el marco de la ley, no podía hacerlo a costa de comprometer los derechos fundamentales de sus usuarios.
El cierre de X en Brasil no es sólo una anécdota más en la historia de las redes sociales; es un testimonio del poder que pueden ejercer las instituciones cuando se desvían de su misión original y se convierten en instrumentos de control y represión. También es una llamada de atención a todos sobre la necesidad de defender con firmeza los derechos y libertades esenciales para la democracia.
En el centro de este conflicto se encuentra una verdad inalienable: el Estado de derecho está en peligro cuando quienes tienen la responsabilidad de protegerlo optan por utilizar su poder para silenciar a sus críticos. Las acciones de Alexandre de Moraes, lejos de ser un acto de justicia, son una manifestación de poder absoluto contra todos aquellos que usan X de forma legítima en brasil, y que ahora tienen prohibido expresarse en X, incluso con multas solo por intentarlo mediante VPN. Un poder absoluto que se resiste a ser cuestionado. Sin embargo, la reacción de X demuestra que, incluso frente a la intimidación y la censura, hay quienes están dispuestos a defender los principios de libertad y justicia, que deben garantizar el debido proceso. No dando órdenes de cerrar cuentas sin un proceso, dando 2 horas para que la orden se cumpla y sin la posibilidad de que los destinatarios de la orden puedan siquiera apelar. La retirada de X fue una reacción a la presión inmediata, y una defensa de los principios fundamentales que deben regir cualquier sociedad democrática. Cuando la ley se aplica indebidamente, cuando se fuerza su interpretación para justificar medidas represivas, es responsabilidad de todos resistir, para proteger no sólo a las entidades afectadas, sino a cómo entendemos que debe ser el propio Estado de Derecho.
Los abusos de poder no cesan por sí solos; siempre han requerido la resistencia activa y consciente de quienes valoran la justicia y la libertad.
X, al evacuar a su equipo y negarse a cumplir una orden que no respetaba el debido proceso, consideró que bloquear cuentas con el pretexto de que eran normas de la comunidad era ilegítimo. Por tanto, lo que está haciendo es trazar un camino que otros deberían seguir: el de la resistencia al abuso de poder, el de la defensa de los derechos fundamentales frente al totalitarismo disfrazado de legalidad.
Este caso debe ser un punto de inflexión, no sólo para Brasil, sino para la comunidad internacional. Debemos estar vigilantes contra cualquier intento de utilizar el poder judicial como herramienta de represión, y debemos estar dispuestos a luchar por un sistema en el que la ley esté al servicio de la justicia y no de los intereses. La libertad, como bien sabemos, no es un regalo, es una conquista que hay que defender constantemente frente a quienes intentan arrebatárnosla.
La historia recordará estos hechos no sólo como un enfrentamiento entre una plataforma tecnológica y un juez poderoso, sino como un momento decisivo en la lucha por los derechos fundamentales en Brasil. Si permitimos que actos como estos queden impunes, habremos abdicado de nuestra responsabilidad como ciudadanos y habremos permitido que el Estado de Derecho se desmorone ante nuestros ojos. Debemos permanecer vigilantes y defender, con todas nuestras fuerzas, los principios en los que se basan nuestra libertad y nuestra dignidad.
Los grandes avances de la humanidad no han sido logrados por conformistas, sino por quienes se atrevieron a desafiar el orden establecido. Y es precisamente esa capacidad de resistencia, de no conformarnos con la injusticia, lo que define nuestra esencia como seres humanos.
Todo lo cual no lleva a una reflexión profunda sobre el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Una sociedad en la que la verdad sea definida por quienes detentan el poder, o una en la que cada individuo tenga el derecho y el deber de buscarla por sí mismo, libre de coacciones? La respuesta a esta pregunta determinará el futuro de nuestra civilización. Y es precisamente en la respuesta a esta pregunta donde reside la verdadera ética.
Referencias
https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.asp?abrirBase=CF&abrirArtigo=1
(STF, en HC 73.454, relator ministro Mauricio Corrêa, 22/04/1996, 2do Panel, DJ 6/07/1996)
https://x.com/AlexandreFiles/status/1830354644494864790?s=19