El engaño de las vacunas y el pasaporte Covid: Una imposición con consecuencias letales.
Durante el fin de semana, el Ministerio de Sanidad ha sido obligado a enfrentar una realidad incómoda: más de 35 mil personas vacunadas han perdido la vida.
Hemos lanzado miles de advertencias del engaño detrás de los pasaportes Covid y las vacunas covid.
La respuesta del Ministerio de Salud, aunque tardía, reconoce que 7 millones y medio de personas vacunadas terminaron contagiándose de COVID y que más de 31 mil personas de entre estas fallecieron de covid. Y estos números solo reflejan los casos mortales.
Sin embargo, lo que resulta aún más cínico es la actitud del gobierno al respecto. En un comunicado, el Ministerio de Salud ha declarado que «el ciudadano que recibe voluntariamente una asistencia sanitaria debe asumir los efectos adversos derivados de la misma si prestó su consentimiento informado». Esta declaración es simplemente vergonzosa, pues implica que los ciudadanos debían investigar por sí mismos los posibles efectos adversos de la vacuna, lo cual era impracticable y poco realista.
La realidad es que el gobierno ha impuesto una situación en la que, de facto, la vacunación se convierte en una obligación encubierta. Aunque oficialmente no se imponga, la presión social y las restricciones de movilidad hacen que la elección sea prácticamente inexistente. No vacunarse significaba ser excluido de la sociedad, una suerte de un “paria” moderno.
El pasaporte COVID, presentado como una herramienta de libertad y seguridad, en realidad se convertía en un instrumento de discriminación y control. Obtener el pasaporte era condicionado a recibir la vacuna, lo que creaba una situación de coacción encubierta.
El gobierno debe responder por sus acciones, sin insultar a la inteligencia de la ciudadanía. La falta de transparencia y la imposición encubierta de las vacunas COVID y el pasaporte COVID son un grave atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Que se rindan cuentas.
En el parlamento de Londres, el 18 de abril, se discutía sobre las «vacunas» de COVID-19, los efectos secundarios y las compensaciones. El parlamentario Andrew James Bridgen, en su turno, dijo que Reino Unido ya ha indemnizado a 167 personas, víctimas de los efectos adversos de las llamadas vacunas COVID, por un importe de 19 millones y medio de libras esterlinas.
El gobierno español no hace más que dar muestras de lo que es ser mezquino e insolidario.
Digamos, no, a las propuestas de la OMS, que es la que arrastra el lastre. La OMS es la organización que tira la piedra y esconde la mano. Es la fuente por la que se ha instaurado la discriminación, las limitaciones a derechos constitucionales, y que quiere que los estados aprueben enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y se adhieran al Tratado de Pandemias, lo cual es garantía segura de que se repetirán estos abusos de poder en nombre de la salud pública.