La demanda del fiscal general de Kansas contra Pfizer. El precio de la Verdad, desde la demonización, "censura y persecución de médicos disidentes" hasta fiscales que dan voz a los silenciados.
La alianza entre farmacéuticas y redes sociales, su pacto para el silencio, entre las motivaciones del Fiscal general de Kansas contra Pfizer.
Durante la era Covid, muchos médicos con carreras impecables fuimos demonizados, cancelados, despedidos, expulsados y vilipendiados, viendo nuestros futuros destruidos debido a instrucciones precisas para silenciarnos. Las empresas farmacéuticas, en alianza con las grandes redes sociales, orquestaron esta persecución sistemática. Ahora, el Fiscal General de Kansas plantea las mismas preocupaciones que las de los que hemos sido blanco del odio y la saña, confirmando que nuestras críticas tenían una base legítima y que la censura a la que fuimos sometidos no estaba justificada.
La demanda presentada por el Fiscal General de Kansas contra Pfizer no es un evento aislado. Esta demanda sigue los pasos de una acción similar emprendida por el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, quien también acusó a Pfizer de mentir sobre la eficacia de su vacuna contra el Covid y de conspirar para censurar el discurso público. Estas iniciativas legales reflejan una creciente preocupación sobre cómo las farmacéuticas han priorizado sus beneficios económicos sobre la ética y la salud pública.
Cronología Antecedentes
En octubre de 2023, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda acusando a Pfizer de hacer afirmaciones falsas y engañosas sobre la eficacia de su vacuna contra el COVID-19. La demanda de Texas alega que Pfizer engañó al público al exagerar la eficacia de su vacuna, utilizando métricas que podrían ser malinterpretadas para crear una falsa sensación de seguridad. Además, Paxton argumentó que Pfizer conspiró con las redes sociales para silenciar a aquellos que cuestionaban la narrativa dominante sobre la vacuna (The Texas Tribune).
Siguiendo esta línea de acción, el Fiscal General de Kansas, Kris Kobach, presentó una demanda contra Pfizer basada en alegaciones similares. Kobach sostiene que Pfizer, motivada por intereses económicos, no solo proporcionó información engañosa sobre la eficacia de su vacuna, sino que también reprimió deliberadamente información crítica y censuró voces disidentes para proteger sus ganancias. Esta acción legal denuncia la conducta de Pfizer y sus tácticas como fórmula que podría haber comprometido la transparencia y la confianza pública durante la pandemia.
La demanda en Texas afirma que las afirmaciones generalizadas de Pfizer de una tasa de eficacia del 95% se basaron en una medida de "reducción del riesgo relativo", una estadística que puede resultar engañosa sin el contexto adecuado. La FDA había advertido que esta métrica podría influir indebidamente en la percepción pública, pero Pfizer continuó promoviéndola, dando al público una falsa sensación de seguridad con respecto a la protección a largo plazo de la vacuna (Fiscal General de Texas ). Esto fue particularmente atroz dado que los propios ensayos clínicos de Pfizer no midieron el impacto de la vacuna en la transmisión, una omisión que no se comunicó de manera transparente.
Además, la demanda de Paxton señalaba que a medida que surgieron pruebas de la eficacia cada vez menor de la vacuna, Pfizer presuntamente emprendió esfuerzos para silenciar a los críticos y censurar las voces disidentes. Esto incluyó etiquetar a personas que plantearon preocupaciones válidas como proveedores de "desinformación" y presionar a las plataformas de redes sociales para que eliminaran o suprimieran su contenido. Esto no sólo sofocó el debate científico abierto, sino que también violó los principios de libertad de expresión y transparencia ética (https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/attorney-general-ken-paxton-sues-pfizer-misrepresenting-covid-19-vaccine-efficacy-and-conspiring).
El fiscal de Texas Paxton sostiene que el marketing agresivo de Pfizer y los intentos posteriores de controlar la narrativa fueron impulsados por el deseo de proteger sus importantes intereses financieros, más que por un compromiso con la salud pública. Esto se alinea con patrones históricos en los que las compañías farmacéuticas han priorizado las ganancias por encima de las consideraciones éticas, lo que contribuye a una desconfianza más amplia en sus prácticas (Fiscal General de Texas https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/attorney-general-ken-paxton-sues-pfizer-misrepresenting-covid-19-vaccine-efficacy-and-conspiring) (The Texas Tribune ttps://www.texastribune.org/2023/11/30/texas-attorney-general-pfizer-lawsuit/).
La demanda también detalla cómo la supuesta desinformación y censura tuvieron impactos en el mundo real, exacerbando el miedo público y obligando a las personas a aceptar la vacuna bajo la amenaza de repercusiones sociales y profesionales. Este enfoque socavó el consentimiento informado y contribuyó a un discurso público polarizado sobre la vacunación.
Al sacar a la luz estos problemas, la acción legal de Paxton tiene como objetivo responsabilizar a Pfizer por acciones que, según la demanda, representan una violación significativa de los estándares legales y éticos, enfatizando la necesidad de una mayor transparencia e integridad en las comunicaciones de salud pública (la demanda del Fiscal de Texas aqui).
El enfrentamiento legal entre el estado de Kansas, representado por el fiscal general Kris W. Kobach, y el gigante farmacéutico Pfizer está captando la atención de todo tipo de públicos. La demanda presentada por Kansas acusa a Pfizer de prácticas engañosas relacionadas con la seguridad y eficacia de su vacuna COVID-19.
Naturaleza de la Acción.
Las motivaciones del Fiscal General de Kansas para emprender esta acción legal contra Pfizer son múltiples:
Protección del consumidor: La motivación principal parece ser la protección de los consumidores. Según la demanda, Pfizer hizo declaraciones falsas sobre la seguridad y la eficacia de su vacuna, lo que llevó a millones de habitantes de Kansas a recibir una vacuna bajo pretextos engañosos. La Ley de Protección del Consumidor de Kansas es específicamente el marco jurídico en el que se basa la demanda. “Pfizer engañó al público diciéndole que tenía una vacuna COVID19 “segura y eficaz” (punto 1 de la demanda).
En el punto numero 6 de la demanda el fiscal afirma: “Las tergiversaciones de Pfizer sobre una vacuna “segura y eficaz” dieron como resultado un récord ingresos de la empresa de aproximadamente 75 mil millones de dólares por las ventas de la vacuna COVID19 en solo dos años”.
Transparencia y veracidad en la información: La acusación hace hincapié en la importancia de la transparencia y la veracidad en la información que las empresas farmacéuticas proporcionan al público. El estado de Kansas alega que Pfizer ocultó información crítica sobre la eficacia y los riesgos de seguridad de su vacuna, incluidas la miocarditis y la pericarditis.
“Pfizer dijo que su vacuna contra el COVID19 evitaría la transmisión del COVID19 incluso aunque sabía que nunca estudió el efecto de su vacuna sobre la transmisión de COVID19” (punto 4 de la demanda).
Censura y libertad de expresión: La demanda expone que Pfizer intentó censurar la expresión en las redes sociales que cuestionaba la seguridad y eficacia de su vacuna. Este aspecto toca un nervio sensible en el contexto actual, donde la libertad de expresión y la censura de la información son temas muy debatidos.
Responsabilidad corporativa: el Fiscal General Kobach busca responsabilizar a Pfizer por lo que considera una tergiversación fraudulenta de los beneficios de su vacuna. Esta medida puede verse como un esfuerzo por sentar un precedente para la responsabilidad de las grandes corporaciones farmacéuticas.
Principales argumentos clave de la demanda:
Según la demanda, Pfizer sabía de antemano que su vacuna no había sido estudiada adecuadamente para determinar su impacto en la transmisión del Covid, y que la eficacia disminuía con el tiempo y no protegía adecuadamente contra las variantes de covid-19.
El fiscal acusa a Pfizer de ocultar información crucial sobre los riesgos de seguridad asociados a su vacuna. La demanda señala que Pfizer conocía la asociación de su vacuna con efectos adversos graves, como la miocarditis y la pericarditis, pero no reveló esta información al público a su debido tiempo.
Un punto notable en la demanda es la alegación de que Pfizer trabajó activamente para censurar el discurso en las redes sociales que cuestionaba la seguridad y eficacia de su vacuna; Pfizer intentó suprimir la verdad para proteger sus intereses comerciales.
La demanda sostiene que las acciones de Pfizer violaron la Ley de Protección al Consumidor de Kansas, que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales. Esta ley otorga al Fiscal General la autoridad de actuar en nombre de los ciudadanos del estado para protegerlos de tales prácticas.
Implicaciones bioéticas
La autonomía del paciente es un principio fundamental de la bioética y se basa en la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su salud con conocimiento de causa. Si Pfizer ocultó información crítica sobre su vacuna, los pacientes no pudieron dar un consentimiento verdaderamente informado, lo que constituye una grave violación de su autonomía.
Beneficencia y no maleficencia: principios bioéticos según los cuales médicos, los profesionales sanitarios y las empresas farmacéuticas vienen en la obligación de actuar en beneficio de los pacientes (beneficencia) y evitar causar daños (no maleficencia). La acusación de que Pfizer ocultó riesgos de seguridad sugiere una violación de estos principios, ya que los pacientes pueden haber estado expuestos a daños evitables.
El principio de justicia en bioética, los beneficios y riesgos de la atención médica; si Pfizer tergiversó la eficacia de su vacuna y ocultó los riesgos de seguridad, podría haber contribuido a una afectación de riesgos desproporcionadamente.
Principios éticos y científicos vulnerados por la censura
La censura de información crítica en las redes sociales va en contra del principio fundamental de la libertad de expresión. En una sociedad democrática, los ciudadanos tienen derecho a recibir y difundir información y opiniones sin injerencias. La censura no sólo viola este derecho, sino que impide el acceso a información que podría ser crucial para tomar decisiones informadas sobre salud pública.
Transparencia y honestidad
La transparencia es un principio central tanto de la ética como de la ciencia. La credibilidad de la investigación científica y de las empresas farmacéuticas depende de su capacidad para comunicar de forma honesta y completa los resultados de sus investigaciones, incluidos los posibles riesgos asociados a sus productos. La censura de la información contraria compromete esta transparencia y erosiona la confianza pública en la ciencia y la medicina.
Autonomía y Consentimiento Informado
El principio de autonomía es el derecho de los individuos a tomar decisiones informadas sobre su propia salud. La censura de información relevante sobre la vacuna de Pfizer impide que las personas puedan evaluar todos los riesgos, socavando así su capacidad para dar un consentimiento verdaderamente informado.
Debate Científico y Progreso del Conocimiento
La ciencia avanza a través del debate y la crítica constante. La censura de opiniones disidentes o de datos que desafiamos la narrativa oficial obstaculiza el proceso científico, que se basa en la confrontación de ideas y la verificación independiente de resultados. Sin un debate abierto, el conocimiento científico se estanca y se corre el riesgo real de perpetuar errores y malentendidos.
Manipulación de la Opinión Pública
El Fiscal General alega que Pfizer intentó manipular la opinión pública suprimiendo información negativa sobre su vacuna. Esta manipulación va en contra de los principios éticos de veracidad y justicia, ya que busca influir en las decisiones de los individuos sin proporcionarles toda la información necesaria para un juicio equilibrado.
La censura de información crítica es lo que en la realidad está llevando a la desinformación, donde el público recibe una visión sesgada de la seguridad y eficacia de la vacuna.
Al censurar datos y opiniones contrarias, se interfiere con la libertad académica y científica, principios esenciales para el desarrollo del conocimiento. El Fiscal General argumenta que Pfizer, al promover la censura, estaba obstaculizando la investigación independiente y el escrutinio científico, lo cual es fundamental para la validez de cualquier afirmación científica.
Cuando se descubre que se ha suprimido información, la percepción pública de que las autoridades están actuando en su mejor interés se ve seriamente dañada.
La falta de un debate abierto y crítico conlleva a la perpetuación de prácticas médicas y científicas subóptimas. Sin un escrutinio adecuado, los errores y las deficiencias pueden pasar desapercibidos, lo que como hemos visto en la era Covid puede tener consecuencias muy graves para la salud pública.
Reincidencia de Pfizer en Prácticas Engañosas entre los Argumentos del Fiscal General de Kansas en la demanda.
Esta acusación no solo se centra en la conducta relacionada con la vacuna contra el COVID-19, sino que también resalta un patrón histórico de comportamientos similares.
El Fiscal General de Kansas argumenta que las prácticas engañosas de Pfizer no son incidentes aislados, sino parte de un patrón continuo de comportamiento empresarial que ha violado repetidamente la confianza pública y las regulaciones legales.
Pfizer tiene un historial documentado de multas y sanciones por prácticas engañosas y violaciones legales. El Fiscal General Kobach destaca varios casos anteriores en los que Pfizer ha sido penalizada por conductas similares, sugiriendo que la empresa no ha aprendido de sus errores pasados y ha continuado actuando de manera contraria a la ley y la ética de igual forma que lo hizo en otros casos en los que Pfizer ha sido acusada de marketing engañoso y promoción ilegal de medicamentos.
Un patrón recurrente en las alegaciones contra Pfizer es el ocultamiento de datos de seguridad críticos. Al igual que en el caso actual con la vacuna contra el COVID-19, Pfizer ha sido acusada en el pasado de no revelar información completa sobre los riesgos asociados con sus productos, lo que pone en peligro la salud pública y viola el principio de transparencia.
Un ejemplo destacado por el Fiscal General es el caso de Bextra, un medicamento antiinflamatorio. En el mayor acuerdo por fraude en la atención médica de la historia, en 2009 el gigante farmacéutico Pfizer hubo pagar 2.300 millones de dólares para resolver las acusaciones penales y civiles de que la compañía promovió ilegalmente el uso de cuatro de sus medicamentos, incluido el analgésico Bextra. Además de Bextra, los fármacos eran Geodon, un antipsicótico; Zyvox, un antibiótico; y Lyrica, un fármaco antiepiléptico. La mayor multa de la historia en ese momento, por la comercialización ilegal de Bextra. Pfizer fue acusada de promocionar el medicamento para usos no aprobados y de ocultar información sobre sus riesgos, prácticas muy similares a las alegadas en el caso de la vacuna contra el covid.
La subsidiaria de Pfizer, Pharmacia & Upjohn, se declaró culpable de un delito grave por promover usos no indicados en la etiqueta de Bextra, porque sus riesgos, incluida una reacción cutánea rara, a veces mortal, superaban sus beneficios. Había sido aprobado solo para tratar la artritis reumatoide, la osteoartritis y el dolor menstrual.
Pfizer también acordó pagar 1.000 millones de dólares en daños civiles y multas para compensar a los programas federales de atención médica por reclamos falsos presentados como resultado de su comercialización de Bextra y los otros cuatro medicamentos para uso no autorizado o en dosis no aprobadas.
El 13 de mayo de 2004 Pfizer,se declaró culpable de numerosos cargos civiles y penales por promover ilegalmente el uso no autorizado de gabapentina (Neurontin). pagó una multa penal de 240 millones de dólares ( 200 millones de euros) y 152 millones de dólares a los programas de salud estatales y federales. La multa fue la segunda más grande impuesta en la industria. https://www.bmj.com/content/328/7450/1217.1.full BMJ
La reincidencia en prácticas engañosas mina la confianza pública en la industria farmacéutica. Los pacientes y profesionales de la salud dependen de la información veraz y completa para tomar decisiones informadas. La repetida falta de transparencia por parte de Pfizer erosiona esta confianza, lo que puede tener consecuencias devastadoras para la salud pública.
Desde una perspectiva legal, la reincidencia agrava la gravedad de las infracciones. Las sanciones anteriores, aunque significativas, no parecen haber sido suficientes para disuadir a Pfizer de continuar con prácticas cuestionables. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las multas y sanciones actuales para asegurar la responsabilidad corporativa.
La repetición de conductas engañosas sugiere una cultura empresarial que prioriza las ganancias sobre la ética y la legalidad. Esta actitud no solo es moralmente reprochable, sino que también puede resultar en políticas y prácticas que ponen en peligro la seguridad de los pacientes y la integridad del mercado de medicamentos.
Las prácticas engañosas de Pfizer no solo afectan la salud pública, sino que también tienen importantes implicaciones económicas. Las multas y sanciones impuestas en el pasado, aunque significativas, pueden ser vistas como un costo operativo para una empresa de la magnitud de Pfizer. Esta percepción podría motivar a la empresa a continuar con prácticas cuestionables, considerando las sanciones como manejables en comparación con las ganancias obtenidas.
La reincidencia de Pfizer pone de relieve la necesidad de evaluar y posiblemente reformar los mecanismos regulatorios existentes. Las agencias regulatorias como la FDA y otras autoridades sanitarias deben considerar si las medidas actuales son suficientes para prevenir conductas repetitivas y asegurar el cumplimiento de las normas éticas y legales.
Uno de los aspectos críticos en la demanda será la presentación de evidencia y pruebas que respalden las acusaciones del Fiscal General. Es necesario demostrar de manera concluyente que Pfizer ocultó información y censuró deliberadamente el discurso en redes sociales. La calidad y contundencia de esta evidencia serán determinantes para el resultado del caso.
Las empresas farmacéuticas argumentan a menudo que la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos justifican ciertos riesgos y conductas. Sin embargo, este caso resalta la necesidad de balancear la innovación con la ética y la transparencia, asegurando que el desarrollo de nuevos tratamientos no venga a costa de la seguridad y la confianza pública.
El fiscal argumenta que la farmacéutica actuaba motivada principalmente por intereses económicos, y no por el bienestar de la salud pública.
La demanda sostiene que Pfizer ocultó deliberadamente datos de seguridad adversos sobre su vacuna. El ocultamiento de estos datos no solo viola las regulaciones de la FDA, que exigen la divulgación completa y honesta de la información de seguridad, sino que también pone de manifiesto una motivación económica: evitar cualquier posible impacto negativo en las ventas de la vacuna.
El Fiscal General ha presentado documentos internos y comunicaciones de Pfizer que, según la demanda, muestran una estrategia deliberada para maximizar las ganancias a expensas de la transparencia y la seguridad del producto. Estos documentos incluyen correos electrónicos y memorandos internos donde se discuten las implicaciones financieras de divulgar o suprimir ciertos datos de seguridad.
La demanda incluye testimonios de denunciantes dentro de Pfizer que afirman haber sido presionados para no divulgar información negativa sobre la vacuna. Estos testimonios son cruciales, ya que proporcionan una visión interna de las prácticas de la empresa y respaldan la alegación de que Pfizer estaba más interesada en proteger sus intereses económicos que en la salud pública.
El Fiscal General ha presentado análisis financieros que muestran un aumento significativo en las ventas y beneficios de Pfizer coincidiendo con la supresión de información crítica sobre su vacuna. Estos análisis buscan demostrar una correlación directa entre las prácticas engañosas y los beneficios económicos obtenidos.
Violación de Leyes de Protección al Consumidor
La demanda argumenta que Pfizer ha violado varias leyes de protección al consumidor, que prohíben la publicidad engañosa y requieren transparencia en la divulgación de información sobre productos. Al ocultar datos de seguridad y manipular información, Pfizer estaría incurriendo en prácticas que engañan a los consumidores y ponen en riesgo su salud.
Desde una perspectiva ética, Pfizer tiene una responsabilidad fiduciaria de actuar en el mejor interés de sus pacientes y del público en general. La supresión de información crítica para proteger sus intereses económicos constituye una grave violación de esta responsabilidad fiduciaria, erosionando la confianza pública en las instituciones farmacéuticas y en el sistema de salud.
Las acciones de Pfizer, al priorizar los beneficios económicos sobre la transparencia y la seguridad, tienen un impacto directo y potencialmente negativo en la salud pública. La falta de divulgación de datos de seguridad lleva a decisiones mal informadas por parte de los consumidores y los profesionales de la salud, aumentando el riesgo de efectos adversos y socavando los esfuerzos de salud pública.
Por lo tanto, El Fiscal General de Kansas argumenta que Pfizer priorizó sus beneficios económicos por encima de la ética y la salud pública en su manejo de la información y comercialización de su vacuna contra el COVID-19. Basa su argumento en varias pruebas que apuntan a una estrategia deliberada para maximizar ganancias, incluso a costa de la transparencia y seguridad. Para ello presenta testigos que afirman haber sido presionados para no divulgar información negativa sobre la vacuna, lo cual respalda la alegación de que las decisiones se basaban en proteger los beneficios económicos de la empresa.
Como ejemplo de prueba las declaraciones de empleados bajo juramento que describen reuniones en las que se les instruyó para no compartir datos de efectos secundarios adversos con el público o las autoridades reguladoras.
La falta de divulgación completa y honesta sobre los riesgos de la vacuna puede llevar a decisiones mal informadas por parte de los consumidores y profesionales de la salud, aumentando el riesgo de efectos adversos.
La demanda del fiscal de Kansas plantea a la justica un escrutinio riguroso de las prácticas empresariales en la industria farmacéutica para asegurar que el bienestar público no sea sacrificado en el altar del beneficio económico.
Para leer la demanda del fiscal de Kansas contra Pfizer en ingles: https://drive.google.com/file/d/1gBnfyR8xxjW7C5xcLTQjWJ-IExTaXAGN/view?usp=sharing
https://www.texastribune.org/2023/11/30/texas-attorney-general-pfizer-lawsuit/
https://abcnews.go.com/Business/pfizer-fined-23-billion-illegal-marketing-off-label/story?id=8477617 Pfizer fined $2.3 billion for illegal marketing in off-label drug case - ABC News (go.com)