La incertidumbre sobre la seguridad y eficacia de las llamadas "vacunas" covid conlleva inevitablemente objeciones
La afirmación de que son seguras y eficaces puede ser cuestionada, especialmente si no se dispone de datos sólidos sobre sus efectos a largo plazo.
La publicación oficial de estas autorizaciones ha podido resultar en perjuicio de personas que podrían haberse beneficiado de una intervención médica adecuada para evitar enfermedades, efectos adversos graves o incluso la muerte. Lo mismo se puede postular de las aprobaciones, que no son lo mismo que las autorizaciones.
Sin embargo, plantear esta preocupación puede considerarse extremadamente ofensivo para las narrativas dominantes, por lo que, en nombre de la desinformación, censuran cualquier cuestionamiento como el que estoy planteando. Pienso en YouTube, donde actualmente contenido como este se elimina inmediatamente por ir contra las reglas de la comunidad. A cualquier cuestionamiento de creación científica lo denominan “desinformación médica”. Una plataforma donde mi canal con millones de visualizaciones, que en verano de 2020, ganaba mil seguidores por día, fue eliminado por completo, en octubre de ese mismo año…
El 16 de marzo de 2020, la clínica privada en la que trabajaba informó públicamente que me rescindía el contrato “de forma inmediata” tras la difusión de mi primer audio viral el 15/03/2020.
En un contexto en el que se promueve la rápida autorización y adopción de tratamientos médicos de emergencia, cuestionar su seguridad y eficacia, por lo visto puede percibirse como una amenaza a la estabilidad de la OMS y las narrativas dominantes de sus socios.
En el ámbito de la bioética, la solución a la cuestión por parte del sistema ha sido la de de utilizar los informes sobre las señales de seguridad para fines exclusivamente internos. Al considerar únicamente el proceso acelerado mediante el cual se otorgó la autorización para la comercialización de ciertos productos, cuyos resultados, como muchos sabemos, no descartan la posibilidad de una correlación con los eventos adversos reportados.
Sin embargo, es preocupante observar una tendencia persistente a catalogar los eventos fatales como "indeterminados", lo cual ha dado lugar a una práctica sistemática de omisión e, incluso en ocasiones, manipulación de datos. Estas acciones parecen estar motivadas por una ideología que busca silenciar de manera sistemática toda información que pueda ser perjudicial para ciertos intereses.
Desde una perspectiva ética y biomédica, estas preocupaciones deben reconocerse y abordarse de manera transparente y responsable. Se debe priorizar en todo momento la salud y el bienestar de la población, y esto incluye una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios de cualquier vacuna o tratamiento médico, especialmente aquellos autorizados con carácter de emergencia.
La objeción a las autorizaciones de emergencia o aprobaciones oficiales, y a posibles cuestionamientos basados en la creación y producción científica, no es un acto reprobable de desafío, no es un acto de rebeldía, como el sistema pretende cuando nos expedienta por manifestar lo que estamos viendo en las consultas en nuestros pacientes, sino una expresión legítima de preocupación por la salud y la seguridad pública. Es fundamental que las decisiones se basen en datos sólidos y en un análisis exhaustivo de riesgos y no sólo de los presuntos beneficios. Y se vuelva a retomar el duro trabajo que hicieron durante todo el siglo XX, para corregir los errores de autorizar de forma demasiado rápida medicamentos. Visto que habían autorizado demasiado rápido, talidomida, Vioxx, etc.
Los datos son ahora los que proporcionan a las agencias reguladoras, es decir los que facilitan los fabricantes de esas vacunas. No existe comparación ni contraste, con ninguna otra fuente. Entonces es legítimo plantear que para la autorización o la aprobación de cualquier vacuna o tratamiento se cuente con la revisión y la participación activa de expertos e investigadores médicos independientes, y que todos ellos estén libres de conflictos de intereses, para mayor beneficio de la comunidad en general.
Por lo tanto, el debate sobre la autorización de tratamientos médicos en situaciones de emergencia debe abordarse sin censura, con seriedad y sensibilidad ante las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de la población. La transparencia, la evaluación rigurosa y el respeto a la vida humana son principios que en ningún caso deben verse comprometidos, por una presunta lucha contra la desinformación, que el tratado de pandemias ha establecido en su artículo 18, cuando en realidad lo que vienen haciendo es censurar a cualquier producción o creación científica que pudiera perjudicar “los intereses creados”.