La Justicia europea reafirma la libertad médica parte 2: Un faro de Luz para Médicos por la Verdad críticos ante la coerción de la vacunación obligatoria

Continuación del análisis de la sentencia c-586/23 del 30 de enero de 2025

mar 13, 2025

En mi artículo anterior, titulado "Cuando la justicia habla: La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como revulsivo contra la persecución de Médicos por la Verdad" (que puedes leer aquí), abordaba la ardua lucha legal de los médicos que, en medio de una campaña global de vacunación, fuimos perseguidos y sancionados por mantener una postura crítica frente a las coacciones y coerciones que en la práctica obligaban a millones avacunarse. En esta segunda parte, profundizo en la trascendencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el 30 de enero de 2025, en el asunto C-586/23 P, que ofrece un giro en el reconocimiento de la libertad profesional de los médicos y desmantela el falso argumento de que la autorización de un medicamento por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) obliga a los profesionales de la salud a prescribirlo.

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En este nuevo artículo puedes leer un nuevo análisis de las implicaciones de esta sentencia; sus aspectos técnicos y sus repercusiones en la lucha por la libertad de los Médicos por la Verdad en toda Europa, la transparencia que venimos demandando en las políticas sanitarias y la defensa de los derechos de los pacientes.

La justicia europea ha hablado, y su veredicto deja al descubierto un fraude monumental: “los médicos nunca estuvieron obligados a recomendar la vacuna”. Punto y aparte es el Green Pass (Certificado covid Digital de la UE), que era el documento emitido por las autoridades sanitarias y acreditaba que una persona estaba vacunada contra covid, había superado la enfermedad o tenía una prueba negativa reciente.

Este certificado se utilizaba para restringir el acceso a ciertos espacios públicos, viajes y actividades, generando discriminación y coacción hacia quienes no se vacunaban. En algunas comunidades autónomas, su exigencia era más estricta que en otras, pero en todos los casos representó una herramienta de segregación social bajo la justificación sanitaria. Era una imposición que el princpio de jeraquía normativade y seguridad jurídica. De acuerdo al artículo 9 punbtos 2 y 3 de la Constitución española vulneraba el principio de jerarquía normativa y seguridad ademas “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (véae art. 9 Constitucion). En consecuencia carecía de base legal suficiente.

El consentimiento informado fue una farsa construida sobre documentos censurados. Mientras millones de ciudadanos eran presionados para vacunarse bajo amenaza de exclusión social, los contratos de compra de las vacunas permanecían ocultos, entregados a los eurodiputados con páginas enteras tachadas en negro. Si todo era seguro, ¿por qué lo ocultaban? Si la vacunación masiva era incuestionable, ¿por qué los propios fabricantes reconocían en esos mismos contratos que desconocían los efectos adversos a medio y largo plazo? La verdad es tan clara como escandalosa: se exigió confianza ciega en un producto cuyos riesgos reales nunca fueron plenamente revelados; además de que decían claramente que no se habían hecho estudios sobre genotxidcidad ni sobre carcinogénesis. Ahora, con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el castillo de naipes comienza a derrumbarse, pero la pregunta clave sigue en el aire: ¿quién responderá por esta traición sanitaria?

`Los eurodiputados Cristian Theres y Vilibor Sinčić en el Parlamento europeo, mostrando la opacidad de los contratos de vacunas que recibieron de la Comisión Europea en la conferencia clebrada el 11 de julio de 2022`

Una lectura exhaustiva de la sentencia del TJUE

Esta sentencia establece un precedente crucial sobre el papel de los médicos en la administración de vacunas, particularmente en el contexto de era covid. La resolución del TJUE reafirma un principio que nunca debió ser cuestionado: que la autorización de un medicamento o vacuna por la EMA no implica una obligación para los médicos de prescribirlo o recomendarlo.

Esta sentencia desmonta por completo la narrativa oficial que justificó la persecución de médicos críticos. Durante la pandemia, quienes, en base a nuestro juicio clínico y ético, nos negamos a seguir la corriente impuesta, fuimos estigmatizados, sancionados e incluso expulsados de nuestros puestos de trabajo, que en mi caso, mi despido se produjo el mismo día 16 de marzo de 2020, tras haber hecho un audio viral contra el estado de alarma, por lo que que se me abrió un expediente sancionador por parte del colegio de médicos, y que como todos sabemos posteriormente dicho estado de alarma fue declarado inconstitucional.

Centrando de nuevo el tema en la vacunación que es el tema que aborda el fallo del TJUE ¿en qué se basaron estas sanciones? Irónicamente, en el Código de Deontología Médica de 2011, vigente durante toda la campaña de vacunación de 2021 y principios de 2022, el mismo que establece con claridad en su artículo 23 que "el médico debe disponer de libertad de prescripción" y en su artículo 33 que "la objeción de ciencia tiene una protección deontológica al amparo del derecho a la libertad de método y prescripción" (Disponible en: Código Deontología 2011).

Entonces, ¿cómo pudimos ser perseguidos médicos que actuábamos en estricta coherencia con la normativa deontológica vigente? Es evidente que el castigo a los Médicos por la Verdad no respondía a una cuestión ética, sino política y económica.

En 2022, con la entrada en vigor del nuevo Código de Deontología Médica, estas mismas garantías fueron reiteradas en el artículo 20.2, que afirma que "el médico tiene que disponer de libertad de prescripción", y en el artículo 35.1, que protege la "objeción de ciencia" (Disponible en: Código Deontología 2022). Pero el daño ya estaba hecho: muchos profesionales ya habíamos sido represaliados antes de que este nuevo código confirmara lo que siempre estuvo claro en la normativa anterior.

Más aún, la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), en su artículo 7.b, establece que los protocolos clínicos "son herramientas basadas en la evidencia científica", pero "no son obligatorios" y deben ser actualizados con la participación de los profesionales que los aplican (Ver aquí: LOPS). ¿Cómo entonces se justificó la imposición de un protocolo único e inmutable, cuando el conocimiento médico exige revisión y actualización constantes?

Del Código de Deontología también se infiere que la "libertad profesional del médico no es un albedrío caprichoso", sino "la capacidad de escoger, con ciencia y en conciencia, lo que juzgue mejor para servir a su paciente". Es precisamente bajo esta premisa que Médicos por la Verdad de todo el mundo alzamos la voz, denunciando la falta de estudios concluyentes sobre genotoxicidad y carcinogenicidad de las llamadas vacunas covid, así como la opacidad en los contratos firmados con las farmacéuticas, los cuales admitían expresamente que se desconocían plenamente los efectos adversos que podían producirse por lo que se seguirían estudiando después de la comercialización.

La ética médica no es una cuestión de obediencia ciega a protocolos impuestos. Lo que debería haber sido considerado un rechazo ético legítimo fue criminalizado y silenciado. La sentencia del TJUE desenmascara la farsa en la que se sustentó esta persecución: los médicos nunca estuvieron obligados a prescribir estas vacunas, y sin embargo, muchos fuimos castigados por ejercer nuestro derecho y deber de actuar en conciencia.

Cómo se violó el derecho de los médicos a actuar conforme a nuestro mejor conocimiento, experiencia y lo que considerásemos mejor para nuestros pacientes. La jurisprudencia subraya que el consentimiento informado sigue siendo un pilar de la práctica médica, algo que fue sistemáticamente ignorado en el contexto de la vacunación masiva y la implementación de medidas coercitivas como el Green Pass.

Cuestiones pendientes y críticas: el castillo de naipes se derrumba

La sentencia del TJUE abre una serie de preguntas incómodas:

¿Cómo es posible que durante años se haya negado el derecho al consentimiento informado?
Si las vacunas requerían prescripción médica, el Green Pass violaba directamente el principio de autonomía del paciente. Se eliminó la relación médico-paciente y se reemplazó por un chantaje burocrático.

El consentimiento informado: la gran víctima de esta crisis

El principio fundamental de la medicina moderna es el consentimiento informado. Sin embargo, durante la pandemia este concepto fue enterrado bajo la narrativa del bien común. La imposición de un pase sanitario convirtió la salud en una cuestión de obediencia, no de autonomía.

La propia sentencia del TJUE lo deja claro: las vacunas requerían prescripción médica. ¿Cómo se justificaba entonces una medida que obligaba a millones de personas a vacunarse sin la mediación de un profesional de la salud?

Aquí no hablamos solo de un error administrativo o de una mala decisión política. ¿Por qué cuando una vacuna está incluida en un plan de vacunación ya no es necesaria la prescripción? Hablamos de una violación sistemática de derechos fundamentales.

¿Quién es responsable de los efectos secundarios ignorados?
Los contratos de vacunas fueron censurados y, según el fallo, ni siquiera los parlamentarios tuvieron acceso completo a los datos clínicos. ¿Cómo se puede llamar a esto “confianza en la ciencia” cuando ni los propios legisladores podían revisar los términos de los acuerdos?
¿Por qué la transparencia sigue siendo inexistente?
Incluso con esta sentencia, los responsables de la gestión sanitaria no han rendido cuentas. La industria farmacéutica y los gobiernos han actuado como socios comerciales, blindando sus acuerdos de cualquier escrutinio.
¿Se repetirá este modelo de control social? La gran pregunta es si esta forma de imposición volverá a utilizarse en el futuro. Si algo ha demostrado esta crisis, es que las élites sanitarias y políticas han descubierto un mecanismo de dominio increíblemente efectivo: imponer medidas draconianas bajo el pretexto de una emergencia sanitaria y castigar socialmente a quienes no se sometan.

El Green Pass fue un experimento. Una prueba de hasta dónde se podía empujar a la población mediante el miedo y la manipulación mediática. ¿Qué impide que en el futuro se exija un pase de carbono para controlar el consumo energético? ¿O un pasaporte digital de salud ligado al acceso a servicios básicos?

La sentencia del TJUE ha confirmado lo que muchos denunciamos: nunca hubo una base jurídica sólida para estas medidas. Lo que existió fue una narrativa política y económica, promovida por una maquinaria de propaganda en la que los conflictos de intereses eran evidentes.

El problema de la impunidad: ¿y ahora qué?

Las instituciones sanitarias y los gobiernos que impusieron estas medidas no han pedido disculpas, no han rendido cuentas y, en muchos casos, ni siquiera han reconocido su error. Es más, siguen sosteniendo que “hicieron lo mejor que pudieron con la información disponible”, cuando en realidad ocultaron información clave.

El caso de los contratos de vacunas es un ejemplo claro de cómo la corrupción se disfrazó de responsabilidad. Si los propios reguladores no tuvieron acceso a los documentos completos, ¿quién tomó realmente las decisiones?

En el vídeo observaciones del eurodiputado Rumanía Cristian Terhes en la conferencia de prensa celebrada el 11 de octubre de 2022: audiencia sobre Pfizer de la UE de 2022. El debate puso de relieve cuestiones sobre los contratos con tachaduras y paginas totalmente ilegibles, y la connivencia entre la Comisión Europea y las farmacéuticas, revelando que se omitieron secciones cruciales. Además, resultó alarmante descubrir que Pfizer no había probado si su vacuna podía detener la transmisión del virus, lo que plantea nuevas preguntas sobre las motivaciones y las acciones de las farmacéuticas durante la pandemia.

El fallo del TJUE debería ser un escándalo internacional. Sin embargo, los medios de comunicación apenas le han dado cobertura. Se prefiere mirar hacia adelante, olvidar lo ocurrido y continuar con la misma estructura de poder que permitió estas violaciones de derechos.

En definitiva el fallo del TJUE ha expuesto las contradicciones y abusos del sistema, pero la gran pregunta sigue en pie: ¿permitiremos que todo esto quede impune?

El Green Pass no fue solo un certificado sanitario; fue un instrumento de control social que discriminó, coaccionó y puso a prueba hasta dónde pueden llegar los gobiernos sin resistencia. Si hoy no exigimos explicaciones ni responsabilidades, mañana podrían imponernos medidas aún más autoritarias bajo cualquier nueva crisis.

Debemos exigir:

Transparencia total: acceso público a contratos y estudios científicos sin censura.
Protección de los médicos: garantizar que podamos ejercer nuestro mejor criterio de acuerdo a nuestra conciencia sin presiones ni represalias.
Revisión legal: investigar y depurar responsabilidades por las medidas coercitivas.
Memoria histórica: que esto no se borre ni se repita.

Hoy la justicia nos da la razón, pero depende de nosotros que esta lección no caiga en el olvido.