Los fiscales generales de 22 estados en EE.UU., se oponen al tratado de pandemias, a las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI)
En una carta a Biden, 22 fiscales generales de EE.UU., ponen a la OMS bajo fuego por intento de aumentar su autoridad
En una carta dirigida al Presidente Joe Biden, los fiscales generales de 22 Estados de EE. UU. expresan su firme oposición a los dos instrumentos en negociación que podrían otorgar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) poderes sin precedentes e inconstitucionales sobre los Estados y su población. La carta, encabezada por Austin Knudsen, Fiscal General del Estado de Montana, pone de manifiesto preocupaciones fundamentales sobre la pérdida de soberanía nacional y la amenaza a las libertades civiles
.
Los fiscales generales sostienen que, en lugar de aprender de los fracasos evidentes durante la emergencia sanitaria covid de interés internacional, hay quienes pretenden conceder más poder a instituciones no elegidas y que no son responsables de sus propios actos.
Pero, ¿cuáles son exactamente los motivos de esta oposición y los puntos clave que impulsan esta resistencia?
Primero, los abogados generales señalan la mala gestión de Covid por parte de la OMS y su fracaso ante las mentiras y engaños del Partido Comunista Chino y su falta de transparencia durante las primeras etapas. Este episodio histórico demostró fallos fundamentales en la capacidad de la OMS para proteger la salud pública mundial y generó una desconfianza generalizada en la institución. Por ello, temen que dar más poder a la OMS no haga sino exacerbar y agravar estos fallos, en lugar de corregirlos.
Esta preocupación se basa en varios aspectos que merecen una profunda consideración.
a) Historial de ineficacia y falta de rendición de cuentas: La OMS ha sido criticada por su deficiente gestión de crisis sanitarias anteriores, como la pandemia de gripe H1N1 en 2009 y el brote de Ébola en África Occidental en 2014. En ambos casos, la OMS, provocó un aumento del número de víctimas y una pérdida de confianza en la organización.
b) Opacidad y politización: La opacidad en el funcionamiento interno de la OMS y las acusaciones de politización de su respuesta a las emergencias sanitarias generan escepticismo sobre su capacidad para actuar con imparcialidad y eficacia. Las críticas sobre su relación con determinados gobiernos, como China, han llevado a cuestionar su independencia y su capacidad para ejercer el liderazgo mundial en salud pública de forma equitativa. China utilizó su influencia para apoyar a Tedros Adhanom Ghebreyesus como Director General de la OMS. Aunque Tedros es de origen etíope, China ha intentado aumentar su presencia en la OMS para defender sus intereses, ejerciendo influencia en la cúpula de la organización. Aunque China no es un gran contribuyente a la OMS en términos financieros, su creciente aportación económica ha aumentado su peso en la organización.
La gestión de la emergencia sanitaria de Covid por parte de la OMS y su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, es objeto de intenso escrutinio y debate, especialmente en lo que respecta a su relación con China y la influencia de este país en la organización. Este asunto suscita numerosos debates sobre la transparencia de la OMS para actuar de manera imparcial en medio de cualquier crisis de salud internacional.
En primer lugar, China elogió públicamente a Tedros por su gestión de la crisis del Covid, lo que ha suscitado críticas y sospechas sobre una posible complacencia de Tedros hacia Pekín. La rapidez con la que China impuso drásticas medidas de bloqueo y control de la información en los primeros días de la pandemia llevó a cuestionar si la OMS, bajo el liderazgo de Tedros, actuó con la debida diligencia y cuestionó adecuadamente las acciones del gobierno chino.
Un ejemplo clave de ello es el cambio de postura de Tedros sobre los bloqueos generalizados impuestos por China. Inicialmente, Tedros declaró que no había pruebas que apoyaran los cierres generalizados, pero sólo siete días después elogió la medida de China. Este repentino cambio de postura de Tedros, junto con la falta de transparencia sobre los debates internos de la OMS acerca de las acciones de China, ha avivado la preocupación sobre la influencia china en la organización y la capacidad de la OMS para actuar en consecuencia. de forma independiente. Se trata de una cuestión que no ha pasado desapercibida para los abogados generales que rechazan las propuestas de la OMS.
Además, mientras la OMS aplaudía las medidas de China, surgieron informes de que asociaciones médicas de todo el mundo, siguiendo las recomendaciones de la OMS, estaban reprimiendo a los médicos que cuestionaban los encierros por falta de pruebas científicas sólidas. . Estas acciones, que incluían la apertura de expedientes disciplinarios y la posible inhabilitación de médicos, suscitaron serias preocupaciones sobre la libertad de expresión y la capacidad de los profesionales sanitarios para cuestionar las políticas gubernamentales y las directrices de salud pública. Yo mismo fui objeto de una acusación en un expediente disciplinario por decir que el confinamiento de personas sanas carecía de pruebas científicas.
c) Necesidad de reformas internas: Antes de conceder más poder a la OMS, los fiscales sostienen que la organización debe abordar primero las deficiencias internas y llevar a cabo reformas significativas para reforzar su capacidad de respuesta y mejorar su rendición de cuentas. Esto incluye una mayor transparencia en la toma de decisiones y una revisión de su estructura de gobierno.
d) Riesgo de abuso de poder: Dar más poder a una organización con deficiencias internas y falta de rendición de cuentas podría exponer a los países a un mayor riesgo de abuso de poder. Sin mecanismos eficaces de supervisión y control, existe el peligro de que la OMS actúe de forma arbitraria o influida por intereses políticos, en lugar de priorizar la salud pública y el bienestar de la población mundial.
Además, la preocupación expresada por los fiscales generales sobre la ampliación del alcance de las declaraciones de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC) o Emergencias de Salud Pública Internacional (IPHEC) por parte de la OMS es de suma importancia y merece una atención detallada. Este asunto plantea cuestiones fundamentales sobre la competencia y el mandato de la OMS, así como sobre el equilibrio entre la salud pública y otras cuestiones de alcance mundial.
El concepto de ampliar el alcance de las PHEIC o ESPII para incluir emergencias percibidas o potenciales que no sean pandemias es sumamente preocupante:
I. Dilución del enfoque en la salud pública: Ampliar el alcance de las declaraciones de emergencia para incluir cuestiones como el cambio climático, la inmigración o la violencia armada diluye el enfoque de la OMS en cuestiones de salud pública, ya que pueden requerir enfoques y soluciones diferentes a los problemas de salud.
II. Falta de experiencia y autoridad: La OMS carece de la experiencia y la autoridad necesarias para abordar con eficacia problemas complejos y polifacéticos como el cambio climático o la inmigración. Se trata de ámbitos en los que se requiere una colaboración intersectorial y un amplio abanico de especialistas y partes interesadas, no sólo en salud pública.
III. Potencial de politización: Ampliar el alcance de las declaraciones de emergencia puede conducir a la politización de la OMS y a la influencia de las agendas políticas en la toma de decisiones de salud pública. Esto socava la credibilidad y legitimidad de la organización y afecta a su capacidad para actuar de forma imparcial y basada en pruebas.
IV. Desviación de Recursos y Energía: Centrar los esfuerzos de la OMS en cuestiones no directamente relacionadas con la salud pública puede desviar recursos y energía de áreas donde son más necesarios. Por ejemplo, tener que mantener toda la infraestructura y la logística entre pandemias, es decir, cuando no hay peligro de enfermedad, tiene graves consecuencias para la capacidad de hacer frente a los brotes de enfermedades reales existentes, mejorar la salud materna infantil o reforzar los sistemas de salud, mucho más en países en desarrollo. o con bajos recursos.
Para ilustrar este punto, consideremos un ejemplo concreto: el cambio climático. Si la OMS decide declarar una emergencia de salud pública debido al cambio climático, esto puede desencadenar una serie de medidas y acciones que pueden no estar directamente relacionadas con la salud pública tradicional. Por ejemplo, la OMS podría proponer políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover las energías renovables o abogar por cambios en los sistemas de transporte. Estas acciones podrían desviar recursos y atención de otras áreas críticas de la salud pública. O eliminar el presupuesto para enfermedades raras, cuya financiación es muy difícil de obtener, para destinar recursos económicos a la búsqueda de patógenos potenciales en laboratorios que deben crearse con este único fin y estar plenamente operativos en todo momento, haya o no pandemia.
Segundo, los fiscales generales argumentan que el Tratado propuesto transformaría radicalmente el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la OMS, otorgando a la Directora General de la organización poderes sin precedentes para declarar emergencias internacionales de salud pública, amenazando la soberanía nacional y comprometiendo las libertades civiles. Esta disposición permitiría a la OMS intervenir en cuestiones que van más allá de las pandemias, como el cambio climático o la violencia armada, lo que representa una intrusión significativa en la soberanía nacional de Estados Unidos y de muchos países. Además, estas medidas podrían comprometer las libertades civiles, como la libertad de circulación y expresión, al otorgar a la OMS la autoridad para imponer restricciones en nombre de la salud pública.
Las críticas de los fiscales generales de EE.UU. a la atribución de poderes extraordinarios a la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante las declaraciones de emergencia se basan en la falta de fundamento jurídico y constitucional de tales medidas. En su carta al Presidente Biden, expresan que la OMS, en su naturaleza actual, es una organización benéfica y consultiva, carente de autoridad para ejercer un gobierno directo sobre los Estados miembros, como si se tratara de un gobierno supranacional.
Esta motivación preocupa fundamentalmente porque remodela la separación de poderes y la soberanía nacional. En el contexto de Estados Unidos, donde la Constitución establece un sistema federal con una clara división de competencias entre el gobierno federal y los estados, otorgar poderes sustanciales a una entidad internacional como la OMS violaría el principio de subsidiariedad y la autonomía de los estados. Lo mismo puede aplicarse a otros países con estructuras federales o descentralizadas, como España, donde las competencias en materia de salud están ampliamente descentralizadas en las Comunidades Autónomas.
En España, las competencias en salud pública y gestión sanitaria están principalmente en manos de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el sistema de descentralización establecido en la Constitución española de 1978. La OMS, como entidad internacional, no tiene autoridad para intervenir directamente en la gestión de la salud pública a nivel regional o autonómico. Cualquier intento de la OMS de ejercer poderes de gobernanza sobre las Comunidades Autónomas sería considerado como una interferencia inaceptable en los asuntos internos de España y una violación de su soberanía nacional. Por mucho que en el ámbito de la salud, se haya creado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a modo de órgano de cooperación e intercomunicación entre los servicios de salud autonómicos y la Administración del Estado. Por mucho que se haya acordado la creación de comisiones específicas, como la Comisión de Salud Digital, para abordar temas de interés común, en forma de mecanismo de gobernanza multinivel que permite la coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones públicas en España en diversos ámbitos, como la salud pública. Sin embargo, la cesión de atribuciones y competencias a la OMS no está prevista tampoco en la Constitución española. Para ello, tal como establece el art. 95 de la Constitución, la celebración de un tratado internacional que contiene estipulaciones contrarias a la Constitución exige la previa revisión constitucional. Lo que exponen los fiscales de EEUU en su carta es perfectamente extrapolable a una multitud de estados.
En la crítica de los fiscales generales estadounidenses se pone de manifiesto la importancia de respetar la autonomía y las competencias de los estados en asuntos de salud pública. La delegación de poderes a organizaciones internacionales como la OMS debe estar en consonancia con los principios constitucionales y legales de cada país, y no puede suplantar la autoridad legítima de los gobiernos regionales o estatales. En última instancia, se trata de la expansión de la autoridad de la OMS, pero estamos viendo que no es el resultado de un proceso transparente y democrático. Visto que la soberanía reside en el pueblo, que desconoce absolutamente los términos de lo que se está negociando, ¿dónde queda el pleno respeto a la soberanía? ¿Cuál sería la ubicación de las competencias de los estados miembros en relación con sus propios órdenes constitucionales?
Tercero, los fiscales generales expresan su preocupación por el establecimiento de una infraestructura global de vigilancia bajo el tratado propuesto, que podría ser utilizada para ejercer un control excesivo sobre la población. La carta hace referencia al "sistema de crédito social" implementado por el gobierno chino, que utiliza la vigilancia masiva para monitorear y controlar el comportamiento de los ciudadanos. Esto plantea serias inquietudes sobre la protección de la privacidad y la libertad individual, especialmente en un momento en que la tecnología de vigilancia está cada vez más omnipresente.
El concepto de un control excesivo sobre la población, el sistema de crédito social y la recopilación masiva de datos personales puede tener graves implicaciones ya que puede conducir a la supresión de la disidencia, la discriminación basada en el perfil de comportamiento y la limitación de las libertades civiles básicas.
En el "sistema de crédito social" implementado por el gobierno chino, a cada ciudadano se le asigna una puntuación basada en su comportamiento y actividades en línea y fuera de línea. Esta puntuación puede influir en la capacidad de una persona para acceder a ciertos servicios y privilegios, como obtener un préstamo, comprar propiedades, viajar en avión o incluso acceder a empleos. Aquellos con puntuaciones bajas pueden enfrentar sanciones como la prohibición de viajar o la exclusión de determinados trabajos.
El sistema de crédito social en China utiliza una amplia gama de tecnologías de vigilancia, como cámaras de reconocimiento facial, seguimiento de la actividad en línea y monitoreo de las redes sociales, para recopilar datos sobre el comportamiento de los ciudadanos. Este nivel de vigilancia masiva permite al gobierno chino tener un control casi total sobre la vida diaria de sus ciudadanos, y cualquier desviación de las normas establecidas puede resultar en consecuencias graves y duraderas.
Las inquietudes sobre la protección de la privacidad y la libertad individual son fundamentales en este contexto. La creciente omnipresencia de la tecnología de vigilancia plantea serias preocupaciones sobre el derecho a la privacidad y la capacidad de las personas para ejercer sus derechos civiles sin temor a represalias. Además, el uso indebido de la tecnología de vigilancia puede llevar a la discriminación y al abuso de poder por parte de las autoridades, socavando los principios democráticos y el estado de derecho.
El sistema de crédito social implementado por el gobierno chino tiene el potencial de limitar significativamente la movilidad y las actividades de los disidentes, incluso fuera de su ciudad de residencia. Esto se debe a que el sistema de puntuación social no solo evalúa el comportamiento en línea y fuera de línea de los ciudadanos, sino que también puede tener implicaciones en su capacidad para realizar transacciones financieras y viajar.
Un ejemplo muy parecido al pasaporte Covid o al pasaporte sanitario es el de un disidente político en China que decide participar en una manifestación en una ciudad diferente a la suya. Sin embargo, si este individuo tiene una puntuación baja en el sistema de crédito social debido a su historial de disidencia o actividades consideradas subversivas por el gobierno, es posible que se le restrinja la capacidad de usar su dinero en otras ciudades. Esto podría manifestarse de varias maneras:
A. Restricciones financieras: Los individuos con puntuaciones bajas en el sistema de crédito social pueden enfrentar dificultades para realizar transacciones financieras, como pagar por boletos de transporte o reservas de hotel en una ciudad diferente. Los bancos y otras instituciones financieras podrían negarles servicios o imponer límites a sus transacciones. Durante la emergencia por Covid, algunos como yo misma ya hemos tenido que soportar este tipo de restricciones. Mi PayPal está baneado de por vida, nadie puede enviarme ni un solo céntimo a través de PayPal ni yo misma puedo ingresar dinero a mi cuenta de PayPal, pero la empresa se niega a borrar mi cuenta para dar la apariencia de que es una empresa abierta a todos, pero mi cuenta esta vaneada desde 2021. Mi cuenta privada bancaria fue baneada entre 2021 y 2022 para ahogarme económicamente y financieramente y de esta forma poner obstáculos que impidieran y dificultaran mi plena integración en la vida cultural, social y económica.
B. Control de movilidad: Las autoridades podrían monitorear y controlar los movimientos de las personas con puntuaciones bajas, utilizando tecnología de reconocimiento facial y sistemas de vigilancia para rastrear su ubicación y actividad. Esto podría resultar en la prohibición de viajar en trenes de alta velocidad, aviones u otros medios de transporte.
C. Represalias directas: Además de las restricciones financieras y de movilidad, los disidentes podrían enfrentar represalias directas por participar en actividades consideradas subversivas. Esto podría incluir la detención arbitraria, el acoso policial o la intimidación por parte de las autoridades locales.
En conjunto, estas medidas pueden tener un efecto escalofriante en la capacidad de los disidentes para ejercer sus derechos democráticos y participar en actividades de oposición a ciertas políticas de salud. Al limitar la movilidad y acceso a recursos financieros, el sistema de crédito social se convierte en una herramienta poderosa para silenciar la disidencia y reprimir la libertad de expresión. Esto significa que es de vital importancia el razonamiento crítico, la protección de los derechos humanos fundamentales y la salvaguarda de la privacidad y la libertad individual en un mundo cada vez más digitalizado y vigilado.
Nadie sabe hasta dónde están los grupos de trabajo dispuestos a sacrificar nuestros derechos en nombre de la salud pública.
La politización de la OMS es un problema que ya está presente y que se observa de forma continua, incluso cuando la organización toma decisiones, ella misma las etiqueta como políticas. En este contexto, es importante reconocer que ampliar el alcance de las declaraciones de emergencia puede intensificar aún más este problema, agravando las preocupaciones sobre la influencia política en la toma de decisiones de la organización:
a. Mayor Vulnerabilidad a la Influencia Política: Ampliar el alcance de las declaraciones de emergencia de la OMS puede aumentar su vulnerabilidad a la influencia política externa. Si la organización se ve obligada a abordar una gama más amplia de problemas, incluidos aquellos que son inherentemente políticos, es seguro que se deben enfrentar a presiones y agendas políticas divergentes que comprometen su capacidad para actuar de manera imparcial y basada en la evidencia.
b. Polarización y Conflicto de Intereses: La ampliación del alcance de las declaraciones de emergencia puede exacerbar la polarización y el conflicto de intereses dentro de la OMS y entre sus estados miembros. Las agendas políticas divergentes conllevan disputas sobre qué problemas se consideran emergencias de salud pública y cuáles no, lo que obstaculizaría la capacidad de la organización para tomar decisiones efectivas y coordinadas en momentos de crisis.
c. Desconfianza Pública: El aumento de la politización de la OMS socava si cabe aún más la confianza pública en la organización y en su capacidad para proteger la salud pública global de manera imparcial y efectiva. La percepción de que las decisiones de la OMS están influenciadas por consideraciones políticas en lugar de científicas y de salud pública han erosionado la credibilidad de la organización y este es ya un obstáculo para cualquier esfuerzo en aparentemente abordar emergencias de salud de manera efectiva.
d. Compromiso de la Misión Central: Una mayor politización de la OMS como pretende con el tratado, y las enmiendas al RSI desvían su atención y recursos de su misión central de proteger la salud pública global hacia objetivos políticos y agendas partidistas. Esto puede tener consecuencias graves para, mejorar y fortalecer los sistemas de salud.
Cuarto, los fiscales generales destacan la preocupación por el potencial abuso de poder en la implementación de medidas de vigilancia bajo el pretexto de la salud pública. La carta menciona que, durante la declaración de emergencia por covid, hubo presiones sobre las empresas de redes sociales para suprimir la libertad de expresión. Esto genera cuestiones legítimas sobre cómo las disposiciones del tratado propuesto podrían ser utilizadas para limitar aún más la libertad de expresión y la privacidad de las personas, en nombre de prevenir la desinformación y la propaganda.
Este punto es especialmente relevante en un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales y en las organizaciones internacionales está en entredicho. La falta de transparencia y la preocupación por la sobre extensión del poder burocrático alimentan el escepticismo público y la resistencia a la delegación de autoridad a entidades supranacionales como la OMS.
El tratado propuesto podría transformar radicalmente el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-IHR) existente de la OMS e instituir un nuevo "Acuerdo sobre Pandemias". Los fiscales reconocen cierta mejora en los borradores actuales, pero aun así los consideran altamente problemáticos y con el potencial de amenazar la soberanía nacional, socavar la autoridad de los estados y poner en peligro las libertades garantizadas constitucionalmente.
Un aspecto particularmente alarmante de estos 2 instrumentos es la capacidad que conferirían al Director General de la OMS para declarar unilateralmente una "emergencia de salud pública de preocupación internacional (ESPII-PHEIK)" en uno o más países miembros. Esto, según los fiscales generales, podría abarcar una amplia gama de situaciones, desde pandemias hasta asuntos como el cambio climático, la inmigración y la violencia armada.
Además, los fiscales destacan que la Constitución de los Estados Unidos no otorga al gobierno federal la autoridad para tomar decisiones sobre salud pública, reservando esos poderes para los estados. Añaden que, incluso si el gobierno federal tuviera tal autoridad, requeriría la aprobación del Senado de los Estados Unidos de acuerdo con la Constitución.
La carta, firmada por varios fiscales generales, incluye un llamado al Presidente Biden para que rechace estos tratados propuestos y defienda la soberanía nacional y las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses. En este momento, la cuestión de quién tiene la autoridad final sobre las políticas de salud es de suma importancia y no debe tomarse a la ligera.
Análisis y contexto:
Esta carta refleja preocupaciones profundas sobre el alcance del poder de la OMS y la implicación del tratado propuesto en la soberanía nacional y las libertades individuales. La idea de otorgarle a la OMS poderes de declaración y ejecución en situaciones que van más allá de las pandemias es objeto de un intenso debate. La oposición de los fiscales generales destaca la importancia del estudio que han llevado a cabo mediante un examen minucioso de este tratado, por lo que piden sea rechazado por sus posibles consecuencias negativas a largo plazo.
La carta, en cualquier caso, busca llamar la atención sobre los riesgos potenciales de ceder demasiado poder a una organización internacional no electa y subraya la importancia de proteger la soberanía nacional y las libertades civiles.
Lista de fiscales generales que firman la carta:
1. Austin Knudsen - Fiscal General de Montana
2. Steve Markall - Fiscal General de Alabama
3. Ashly Moody - Fiscal General de Florida
4. Rail R. Labrador - Fiscal General de Idaho
5. Bremen Bird - Fiscal General de Iowa
6. Russell Coleman - Fiscal General de Kentucky
7. Tim Griffin - Fiscal General de Arkansas
8. Christopher M. Carr - Fiscal General de Georgia
9. Todd Rokita - Fiscal General de Indiana
10. Kris Kobach - Fiscal General de Kansas
11. Liz Murrill - Fiscal General de Louisiana
12. Lynn Fitch - Fiscal General de Misisipi
13. Mike Hilgers - Fiscal General de Nebraska
14. Gentner Drummond - Fiscal General de Oklahoma
15. Jonathan Skrmetti - Fiscal General de Tennessee
16. Andrew Bailey - Fiscal General de Missouri
17. Dave Yost - Fiscal General de Ohio
18. Alan Wilson - Fiscal General de South Carolina
19. Ken Paxton - Fiscal General de Texas
20. Sean Reyes - Fiscal General de Utah
21. Patrick Morrisey - Fiscal General de West Virginia
22. Jason Miyares - Fiscal General de Virginia
Únete a esta comunidad de lectores comprometidos y sé parte del diálogo sobre la salud global y la política internacional. Juntos, podemos explorar las complejidades de este tema crucial y trabajar hacia un futuro más transparente y equitativo en la gestión de crisis de salud.
¡No esperes más! Suscríbete ahora y únete a nosotros en este apasionante viaje hacia una comprensión más profunda de la salud global y su impacto en nuestras vidas.